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Esta historia parece la tragedia de nunca acabar, en la noche del Viernes 07 fue atropellada en el kilómetro 14 de
¿Cuantos vecinos han fallecido en esta ruta solo estos últimos 5 años atropellados? Más de 10 y aún quieren hacer aparecer frente a la opinión publica que esto es producto de la imprudencia de la gente. En un país civilizado la fuerza publica no iria a reprimir a los vecinos sino a detener y encarcelar a los gerentes de las empresas inmobiliarias y los políticos corruptos en sus mas diversas esferas que permitieron la construcción de miles de viviendas sin estudiar el impacto vial, o peor aún sabiendo el impacto vial y riesgo que corrian todas estas personas antepusieron el lucro a la vida de los nuevos habitantes de una ruta que hoy se ha llenado de poblaciones. Esta negligencia no solo implica tacos y un daño constante contra la calidad de vida de miles de habitantes de San Pedro Sur, sino que además atenta contra la propia vida de quienes alli viven.
La negligencia de privados y públicos es una negligencia criminal, agravada con que en todos estos años no se han tomado medidas serias para terminar con esta masacre.
Hasta cuando seguirán esperando los vecinos de Francisco Coloane, El Rosario, Cardenal Silva Henriquez, hasta cuando...
El Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC denuncia ante la comunidad internacional una campaña contra las radios comunitarias que está ejecutando el gobierno de Chile a través de la Policía y con el decidido apoyo de la Asociación de Radiodifusores comerciales de Chile (ARCHI).
Estos operativos, aunque son realizados en el marco de la legalidad vigente, configuran una brutal violación a la libertad de expresión al tratar de impedir que voces diversas, alternativas y críticas al gobierno puedan expresarse a través de las frecuencias de radio, afectando a su vez a las organizaciones sociales y los derechos de sus comunidades a recibir sus informaciones y opiniones.
Los cierres y amenazas de cierres de los últimos días se dan en el marco de una ofensiva general de represión a los reclamos de los pueblos originarios, creciente criminalización de la protesta social y cierre de espacios alternativos y críticos con el gobierno como son algunas de estas emisoras, y con una legislación en materia de medios comunitarios considerada como una de las más discriminatorias de América del Sur e incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
LOS HECHOS
El viernes 31 de julio se produjo un fuerte operativo de la Policía de Investigaciones de Chile en la ciudad de Valparaíso contra emisoras comunitarias que desarrollan una tarea informativa y cultural en esta ciudad portuaria por ser “ilegales”, según informó inicialmente la Red de Medios de los Pueblos. El operativo habría estado a cargo del comisario de la Brigada Investigadora del Ciber Crimen, Marcos Olivari León, a partir de denuncias del Presidente Regional de ARCHI, el político derechista Eugenio González, titular de la Radio Congreso de Valparaíso.
La acción fue presentada en conferencia de prensa el mismo viernes, luego que el 30 de julio al mediodía cerraran las emisoras UV15 de Cerro Las Cañas y 2000 de Cerro Montedónico, de la misma ciudad. Este día, la Policía de Investigaciones llegó hasta los estudios de Radio Placeres pero no pudo ingresar a incautar sus equipos.
Más al sur, también el 31 de julio la Policía allanó los estudios de las radios Renacer y Conexiones de Lota. En el primer caso se trata de una emisora que había tenido concesión, pero las autoridades afirman que ya no estaba vigente. En ambos casos incautaron todos los equipos aunque no hubo violencia contra los comunicadores de las emisoras, según información de Juan Schilling del Centro de Comunicación Ciudadana de Concepción.
Por temor a la represión varias emisoras comunitarias se han autocensurado, silenciado sus trasmisiones y escondido sus equipos. Mientras tanto, otras radios, como Radio Placeres de Valparaíso, con más de 12 años al servicio de su comunidad, afirmaron a periodistas de la Red de Medios de los Pueblos que ellos “no bajarán sus antenas” para seguir ejerciendo su derecho a la comunicación y la libertad de expresión.
El Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC expresa su preocupación por esta situación y su perplejidad porque mientras esto sucede el Congreso está discutiendo un proyecto del propio gobierno que propone cambios a la legislación que significan un avance respecto a la situación actual.
Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
